Las firmas son grandes empresas y no se dirigen así

El Decreto 957 de 2019 considera gran empresa de servicios a la que supera 483.034 unidades de valor tributario en ingresos anuales, equivalentes a $24.055 millones con la UVT de 2025. De las 47 firmas de abogados más grandes del país, 20 superan ese umbral y las 27 restantes quedan en el rango de mediana empresa. Ninguna es pequeña. Las cifras provienen de los estados financieros radicados ante la Superintendencia de Sociedades, consolidando las sociedades que pertenecen a un mismo grupo.

La estructura que administra ese tamaño suele ser la misma que administraba la firma cuando facturaba una décima parte. Un socio director que además atiende clientes, un comité que se reúne cuando las agendas coinciden y las funciones de finanzas, tecnología y talento repartidas entre profesionales cuya prioridad es el trabajo que se factura.

La explicación tiene poco que ver con falta de visión y mucho con la forma en que se reparte el dinero. En una sociedad de personas sin capital externo, cada peso que se destina a administrar sale del reparto de ese año. Una dirección financiera con experiencia en servicios profesionales cuesta aproximadamente lo que recibe un socio y ese costo se siente en diciembre. En una empresa de capital ese mismo gasto se trata como inversión, porque se amortiza contra un valor futuro que alguien captura cuando vende. En una firma de abogados el socio que se retira no vende su participación al valor de la organización, de modo que nadie recoge el retorno de lo que se construyó. El horizonte de decisión de cada socio termina en su propio ciclo de reparto y así invertir en administrar resulta razonable para la firma y costoso para quien decide.

Los mercados donde esa inversión sí ocurre lo hicieron después de cambiar esa aritmética. El informe State of the US Legal Market 2026, publicado en enero por el Thomson Reuters Institute junto con el Center on Ethics and the Legal Profession de Georgetown Law, registra que en 2025 el gasto de las firmas en tecnología creció 9,7% y el de gestión del conocimiento 10,5%, mientras la utilidad promedio subió 13%. En el segundo trimestre de 2026 esas dos categorías crecieron 11,6%. Allí el gasto administrativo dejó de ser un costo por minimizar.

El orden en que ocurrió importa. Primero se definió qué quería ser cada firma y qué clase de trabajo iba a producir, después se rediseñó cómo se mide y se reparte y solo entonces la tecnología encontró quién la sostuviera. Cualquier transformación seria empieza por la estrategia, continúa por los procesos y deja la tecnología al final como habilitador.

El asunto termina siendo de continuidad. Una organización que factura $187.000 millones y depende de que sus socios encuentren tiempo libre para dirigirla tiene un techo que no aparece en el estado de resultados.

La conversación difícil tiene menos que ver con la tecnología o con el organigrama y más con las reglas de distribución. Mientras administrar compita de manera directa con lo que cada socio recibe al cierre del año, la estructura seguirá siendo la que es, con independencia de cuánto crezca la facturación. La pregunta abierta para el sector es qué tendría que cambiar en esas reglas para que fortalecer la organización deje de ser una decisión contra el bolsillo propio.